Para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los allanamientos y sometimientos a la justicia de exfuncionarios, más que una verdadera lucha contra la corrupción, lo que busca es opacar las metidas de pata y las críticas sociales que recibe el gobierno de Luis Abinader.
“Los días y las semanas en los que el gobierno ha sido sometido a una crítica social fuerte o se le han desatado escándalos, siempre aparece un nuevo caso de supuestas corrupción que implica a funcionarios de la anterior administración”, afirmó José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, en entrevista en Propuesta de la Noche por Digital 15.
El dirigente político agregó que “esto nos lleva a concluir que en este caso estarían utilizando la lucha contra la corrupción como un arma política. Es por la vinculación en términos de tiempo y espacio que se ha dado entre los cuestionamientos a este gobierno, los escándalos de este gobierno, los disparates, las metidas de patas que han hecho, entonces activan estas actividades procesales”, apuntó Dantés.
Dijo que solo se han hecho allanamientos y apresamientos en momentos en que “esta gestión de gobierno está siendo cuestionada por la opinión pública, pues realmente aquí la inexperiencia y la ineptitud se está dejando ver”.
Dantés señaló que en momentos de críticas siempre tratan de sacar cosas negativas que afecten la pasada gestión y en esos momentos es que activan expedientes en contra de antiguos funcionarios del gobierno anterior.
Apuntó que el PLD reconoce el derecho que tienen las autoridades de investigar a cualquier persona que haya ocupado posiciones públicas, pero deploró que no se respete el debido proceso y los derechos de los investigados.
Dantés dijo que a pesar de que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, expresa que encabeza un ministerio público independiente, la magistrada admitió públicamente que recibió la visita de dos funcionarios del gobierno que fueron a enfrentar su decisión de no poner impedimento de salida en forma administrativa, sino solo por disposición de un juez.
“La procuradora dice que ella recibe la visita de esos dos funcionarios y a petición suya manda a llamar para que participe la directora de Persecución y al director de Migración. O sea que originalmente los dos funcionarios fueron para reunirse con ella a solas, y en esa reunión se discutió la legalidad de las alertas migratorias y ella hizo constar su parecer y dijo que la única persona que la secundó fue el director de Migración”, expuso el dirigente del PLD.
“Lo que quiero decir es que con la carta de la Procuradora se confirma que no hay tal independencia en el accionar de ese ministerio público. ¿Cómo explicar que dos funcionarios que no son de la procuraduría, que no tienen que ver con el sistema de justicia, vayan al despacho de la Procuradora una vez ella ordena descontinuar las alertas migratorias?¿Dígame usted si eso no es una interferencia?, se preguntó Dantés.
Filtraciones privilegiadas
Igualmente, Dantés preguntó “cómo es posible que un ministerio público que se jacte de ser independiente filtre documentos de la etapa secreta de la investigación como los interrogatorios y los filtre de una manera selectiva, lo que quiere decir que tiene grupos más vinculados a ellos, porque yo he oído a otros periodistas que se quejan de que no tienen la suerte de otros de sus colegas que les llegan esos expedientes”.
Consideró que con ese tipo de proceder, el ministerio público no procura hacer justicia, sino “crear una opinión pública a través de los medios de comunicación para presionar al sistema de justicia para que mande a la cárcel con prisión preventiva a gente que muy bien puede tener alguna otra medida de coerción menos gravosa”.
Dantés estimó que de esa manera se está condenando sin juicio “a gente que quizás no haya ningún tipo de prueba que la comprometa en su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable” y reclamó que se respete siempre la presunción de inocencia porque ese es un principio del debido proceso. “La presunción de inocencia no cesa hasta que haya una sentencia definitiva”, agregó.
Al volver a criticar que el ministerio público entregue a la prensa las investigaciones antes de que las conozca un tribunal, Dantés señaló que “los interrogatorios no son informaciones públicas. No es posible que un medio de comunicación tenga la solicitud de medida de coerción antes que los imputados. Esa es una violación grosera del debido proceso, eso no es público, eso es secreto, lo que sucede es que se ha hecho público”, puntualizó.
