Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), externó este lunes su preocupación ante las frecuentes incursiones de personeros armados, quienes dicen estar acompañados de alguaciles a los fines de procurar supuestas ejecuciones de sentencias y otros títulos ejecutorios.
Agregan que esas actividades son realizadas sin ningún tipo de control, afectando la seguridad de quienes son objeto de la actuación e incluso ponen en riesgo a los terceros que encuentran en las proximidades del lugar donde se efectúa el hecho.
Recordaron que el pasado jueves un grupo de personas armadas procuraron incursionar en las instalaciones de la empresa constructora Tavares Industrial, en Manoguayabo, bajo el alegando de la realización de un embargo; este hecho hace público una preocupación del sector productivo del país, ante las frecuentes actuaciones de esta naturaleza donde grupos armados ingresan a empresas y procuran llevarse bienes, vehículos, equipos, por medio de violencia y amedrentando a todo el entorno, por medio de sus vías de hecho.
Advirtieron que son frecuentes los casos en que estas actuaciones se hacen bajo la apariencia de un título legítimo, especialmente con sentencias en materia laboral, donde por medio de procedimientos irregulares, donde se ha quebrantado el debido proceso y el derecho de defensa del demandado, por medio de notificaciones y citaciones irregulares, se inician procedimientos que escapan al conocimiento del embargado.
“Hemos recibido múltiples denuncias de miembros de ACOPROVI, que han sido afectados por estas prácticas”, expresa la presidente del gremio, Susi Gatón, en algunos casos, se verifican condenas en beneficio de supuestos trabajadores que nunca han laborado en sus empresas y que han obtenido sentencia en materia laboral, enterándose los propietarios al momento de la supuesta ejecución, viéndose obligados los empresarios a realizar pagos inmediatos para poder evitar la sustracción de sus bienes y poder continuar sus operaciones.
“Hacemos un llamado a todos los poderes del Estado Dominicano, para su pronta intervención, sobre la necesidad de enfrentar este tipo prácticas, que riñen contra la seguridad jurídica, la paz pública y el orden social. Siendo necesario, tomar las acciones pertinentes que garanticen los derechos de los ejecutados y de los ejecutantes, de forma útil y mediante un procedimiento idóneo, que permita garantizar los derechos de ambas partes. Legislar con el propósito de establecer un procedimiento y acreditar al personal que participa en los procesos de ejecución de sentencias y demás títulos ejecutorios”, concluye el comunicado de ACOPROVI.