BRASILIA, Brasil (AP) — Separados solo por un bulevar, en la capital de Brasil se levantan dos campamentos de manifestantes con opiniones contrarias que ponen de manifiesto la importante división ideológica del país que se ve reflejada en la Cámara de Diputados.
A un lado del emblemático Eixo Monumental de Brasilia, que atraviesa el centro de la ciudad y desemboca en el Parlamento, varios miles de partidarios de Rousseff levantaron una ciudad improvisada con carpas, duermen en hamacas y se alimentan de arroz y frijoles servidos por voluntarios en cocinas comunitarias.
En su mayoría son sindicalistas y activistas para la reforma de la tierra, pobres y que llegaron en buses desde todas las partes del país para defender a Rousseff y a su formación, el izquierdista Partido de los Trabajadores, al que responsabilizan de los importantes avances que afectan a sus vidas. Dicen que el debate sobre el juicio político es un intento de las élites brasileñas para recuperar el poder tras 13 años de dominio del Partido de los Trabajadores.
"Están tratando de derribar lo que conquistó el Partido de los Trabajadores, lo que nosotros conquistamos", dijo Francisco das Chagas, un mecánico de 47 años procedente de Alagoas, en el empobrecido norte del país, que es un bastión de votos para Rousseff. "Es clasista".
Al otro lado de la calle, varios cientos de críticos con una mejor posición social exigen que se procese a la presidenta, a quien acusan del mal momento económico del país y de los casos de corrupción, que se reflejan en los elevados impuestos y el mal estado de hospitales públicos, escuelas y otros servicios básicos. Alegan que un nuevo inicio con un nuevo presidente es la única esperanza para insuflar aire en una economía que se espera se contraiga alrededor de un 4% este año.
Uno de estos manifestantes, Joao Pedro Netto, dice que aunque el Partido de los Trabajadores nació con la intención de ayudar a los pobres, ahora es tan corrupto como cualquier otra de las más de 30 formaciones políticas del país. Netto, de 30 años y propietario de un pequeño negocio, señala que la mejora del sistema educativo público para sus dos hijos pequeños es su principal prioridad y, para que esto ocurra, el partido de Rousseff debe dejar el poder.
Los dos bandos prometieron inundar la ciudad de partidarios y detractores de la líder antes del crucial voto del domingo, cuando la Cámara de Diputados determinará si envía el proceso de juicio político al Senado. Los impulsores de la iniciativa necesitan el respaldo de dos tercios de los diputados, es decir, 342 votos de 513. Los cálculos de los principales medios locales muestran que estarían cerca de esa cifra.
El juicio político parte de un supuesto incumplimiento de la ley fiscal brasileña cometido por el gobierno de Rousseff para elevar el gasto publico pese a la débil economía nacional.
Rousseff defiende que esa es una práctica habitual e insiste en que no cometió delito alguno mientras denuncia el proceso en su contra como "golpe de Estado".
"Juicio político para un presidente que no ha cometido un delito de responsabilidad equivale a romper en pedazos la constitución brasileña", opinó Rousseff en un artículo firmado que fue publicado el sábado por el diario Folha de S. Paulo.
"Oponerse y criticar mi gobierno es parte de la democracia", escribió. "Pero el derrocamiento de una presidenta elegida legítimamente que no cometió ningún delito no es parte de la democracia. Se trata de un golpe de Estado", recalcó.
Su mentor y predecesor, el ex presidente Luiz Inácio da Silva, se presentó en el campamento que defiende a Rousseff el sábado y dio un discurso combativo en donde calificó el juicio político como un intento por la élite gobernante tradicional para recuperar el poder.
"Me parece que a la élite brasileña no le gusta la democracia", dijo la voz ronca de tanto hablar.
Sus partidarios en el campamento, instalado a principios de esta semana tras la llegada de autocares cargados de activistas desde zonas tan remotas como el estado amazónico de Rondonia, dicen que su gobierno y el de Lula, servían a los intereses de la gente pobre como ellos.
Ze Silva, una maestra de 25 años de la región agrícola de Mato Grosso, advirtió que si Rousseff es expulsada del cargo "Brasil podría volver a sus viejas costumbres. Y las masas volverían a caer en la miseria, como ocurría antes".
Sin embargo, la ironía de la ubicación de los partidarios de la presidenta no pasó desapercibida para sus rivales del otro lado de la calle. Sus tiendas están sobre el estacionamiento del estadio Mané Garrincha, que se sometió a una remodelación de 900 millones de dólares para el Mundial de 2014, convirtiéndose en el segundo campo más caro del mundo. Y esto a pesar de que en Brasilia no hay un equipo de primera división que pueda utilizarlo.
Este tipo inversiones sin sentido es lo que provocó el malestar contra el gobierno. La lucha contra la corrupción ha sido el grito de guerra de los opositores a Rousseff, alimentando protestas multitudinarias en los últimos meses mientras crece la investigación por supuesta corrupción en torno a la empresa estatal de petróleo Petrobras.
Aunque Netto y otros partidarios del juicio político quieren la salida de Rousseff, están preocupados por la fiabilidad de la próxima remesa de líderes.
Si la Cámara de Diputados vota enviar el proceso de destitución al Senado y la cámara alta decide abrir un juicio contra Rousseff, esta sería suspendida y el vicepresidente, Michel Temer, tomaría el control del país, pero Temer está implicado en la gran trama de corrupción de Petrobras. El siguiente en la línea de sucesión seria el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también implicado en el entramado que salpica a la firma estatal.
La crisis política se ha prolongado durante meses, paralizando los intentos de reactivar la economía y la lucha contra un brote del virus del zika. El país se prepara además para albergar los Juegos Olímpicos el próximo agosto.
"Este problema ha sido una herida abierta durante mucho tiempo", dijo Leonardo Picciani, un diputado por el estado de Río de Janeiro contrario a la posición de su partido en favor de juicio político a Rousseff. "Debe cerrarse el domingo, sea cual sea el resultado".
Los manifestantes, por si parte, no están tan seguros.
Ambos bandos se comprometieron a mantenerse en la calle hasta que sus representantes declaren una victoria definitiva.
"Si Brasil sigue así, se va a hundir", dijo Netto.